Hoy se hace referencia en la prensa local a las fiestas organizadas en la Plaza Mayor (Carpa). Estamos recibiendo en la Asociación llamadas y correos de vecinos de la Plaza y alrededor quejándose de la situación que están padeciendo.
"Nuestra Asociación, en nombre de la ciudadanía maltratada y privada de su derecho, no sólo al descanso, sino a no padecer contaminación acústica, quiere expresar su más enérgica repulsa por la participación Municipal en este tipo de actividades. No estamos aquí simplemente ante una inactividad de la Administración Local, sino ante una connivencia con los elementos contaminantes. Es decir, el Ayuntamiento participa activamente en un ilícito contra el medio ambiente por contaminación acústica, contra la intimidad de los ciudadanos en su domicilio, y contra el derecho al descanso. Estos derechos no se pueden trastocar en aras a un pretendido derecho al jolgorio. Los poderes públicos tienen, por mandato Constitucional, la obligación de proteger al ciudadano contra la contaminación acústica. El medio ambiente, como recuerda nuestro Tribunal Supremo, es uno de los pocos bienes jurídicos que nuestra Constitución menciona directamente. Por lo tanto es inaudito que desde las Instituciones locales o autonómicas se facilite la contaminación acústica, el destrozo de mobiliario o el consumo de alcohol, promocionando este tipo de actividades en lugares públicos"
"Nuestra Asociación, en nombre de la ciudadanía maltratada y privada de su derecho, no sólo al descanso, sino a no padecer contaminación acústica, quiere expresar su más enérgica repulsa por la participación Municipal en este tipo de actividades. No estamos aquí simplemente ante una inactividad de la Administración Local, sino ante una connivencia con los elementos contaminantes. Es decir, el Ayuntamiento participa activamente en un ilícito contra el medio ambiente por contaminación acústica, contra la intimidad de los ciudadanos en su domicilio, y contra el derecho al descanso. Estos derechos no se pueden trastocar en aras a un pretendido derecho al jolgorio. Los poderes públicos tienen, por mandato Constitucional, la obligación de proteger al ciudadano contra la contaminación acústica. El medio ambiente, como recuerda nuestro Tribunal Supremo, es uno de los pocos bienes jurídicos que nuestra Constitución menciona directamente. Por lo tanto es inaudito que desde las Instituciones locales o autonómicas se facilite la contaminación acústica, el destrozo de mobiliario o el consumo de alcohol, promocionando este tipo de actividades en lugares públicos"
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