Se suele afirmar desde distintos sectores que este grave problema, el de la contaminación acústica, es un tema complejo y de difícil solución. Sin embargo si se nos pregunta a los que la sufrimos diremos que no es así. A nuestro entender esa dificultad o complejidad de solución sólo obedece a “falta de voluntad política” para erradicar el problema; también a una incomprensión por parte de la autoridad judicial. Esto último parece estar cambiando, principalmente a raíz de alguna sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que ha dado lugar a una abundante y consolidada jurisprudencia de nuestro Tribunal Supremo, favorable a los ciudadanos que la sufrimos.
A nuestro juicio existe solución: Trasladando los elementos contaminantes a zonas no residenciales; y con el estricto cumplimiento de la normativa aplicable. No existe el derecho a hacer ruido, pero sí existe el derecho a no sufrirlo.
No obstante, dada la situación de falta de voluntad para atajar el problema, con continuas desatenciones de nuestras quejas y denuncias por parte de la Administración, no podemos decir, efectivamente, que el asunto sea fácil de resolver. O lo que es lo mismo, no se resuelve porque la Autoridad competente permanece inactiva, o porque la poca actividad que desarrolla es simplemente para cubrir las apariencias.
Pero por otra parte también podríamos calificarlo de sencillo, puesto que, a pesar de la manifiesta contaminación existente y la inoperancia de la Administración que ha sido incapaz a lo largo de muchos años de dar una solución, existe suficiente armazón legislativo como para enfrentar y atajar el problema, lo que nos llevaría indefectiblemente a que la causa es más bien la inactividad y dejación de funciones de la Administración Estatal, Autonómica y Municipal. Al vídeo adjunto me remito.
