Define nuestra Constitución de 1978 a España como un “Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”.
¿Y qué es el Estado y qué el Derecho?
Algunos definen el Estado como una sociedad humana, asentada de manera permanente en el territorio que le corresponde, sujeta a un poder soberano que crea, define y aplica un orden jurídico que estructura la sociedad estatal para obtener el bien público temporal de sus componentes.
Muchos autores aseguran que el poder y el gobierno son sinónimos, sin embargo nos damos cuenta que no es así. Para muchos el poder significa ser Ley, ser total, y el gobierno no lo es así, el gobierno es regido por el pueblo y para el pueblo.
Al Poder lo entendemos como la capacidad o autoridad de dominio, freno y control a los seres humanos, con objeto de limitar su libertad y reglamentar su actividad. Este poder puede ser por uso de la fuerza, la coerción, voluntaria, o por diversas causas, pero en toda relación social, el poder presupone la existencia de una subordinación de orden jerárquico de competencias o cooperación reglamentadas. Toda sociedad, no puede existir sin un poder, absolutamente necesario para alcanzar todos sus fines propuestos.
La palabra Derecho se deriva de las latinas rectum, dirigerem y regerem y estas a su vez se la raíz aria rj, que expresan idea de guiar, regir o gobernar. Lo recto supone la línea que debemos trazarnos en la vida para realizar sólo lo que consideremos justo y bueno. El Derecho es por tanto, el ordenamiento normativo e institucional inspirado en postulados de justicia, es decir, el conjunto de normas legales para regular la convivencia social.
Uniendo los dos conceptos tendremos el Estado de Derecho. Por lo tanto un Estado de Derecho no es aquél que tiene leyes, ni aquél en el que el cumplimiento de las leyes se exige a los ciudadanos. Un Estado de Derecho es aquél en el que son las Instituciones y poderes del propio Estado quienes se hallan sometidos al Derecho y no sólo tiene que hacer cumplir las leyes, sino cumplirlas. Y esto no sólo es así, sino que es lo que nuestros políticos nos aseguraron al legislar nuestra Constitución de 1978.
Como es lógico nos referimos aquí, y por razón del lugar, al total incumplimiento del poder Estatal, Autonómico o Local de toda la normativa existente en materia de protección sobre la contaminación acústica, y que es muy prolija, quizás como en ningún país de nuestro entorno ¿pero para qué? Todos nosotros sabemos que el incumplimiento es generalizado y que igualmente generalizado es el nulo control que desde el poder se realiza. Y siendo tan importante o más que el poder cumpla con las obligaciones que la Ley le impone en esta cuestión, y al no cumplirlas y tener el ciudadano que acudir continuamente a la protección jurisdiccional y en muchas ocasiones sufrir el incumplimiento por parte del poder de las sentencias, al no ejecutarlas, es por lo que estamos en disposición de afirmar que no poseemos un verdadero Estado de Derecho.
Por lo que si nos encontramos ante un falso Estado de Derecho, rotos todos sus principios e ideales, es lógico y legítimo que crezca el resentimiento y surja poco a poco la semilla de la rebelión.
Sólo cuatro ejemplos de incumplimientos consentidos por el Poder (Autonómico y Local); cuatro siniestros bares contaminantes, sin insonorizar, sin licencia para música y que torturan continuamente a sus vecinos, con el veneplacito del Poder.
No hay comentarios:
Publicar un comentario